CONDENADOS

Hoy en día en España se está viviendo una desoladora situación motivada por una crisis en la que nadie puede negar el innegable protagonismo que las entidades bancarias han tenido. Tal y como estamos observando a pesar de ser estas y sus secuaces -las agencias de calificación y los políticos que colaboraron con sus desmanes, o no hicieron ni hacen nada para ponerles fin- los principales culpables o generadores de la misma, no sólo no se les ha hecho asumir su responsabilidad y pagar en proporción a su culpa en el proceso, sino que se ha acudido sistemáticamente a su rescate y se han proporcionado millones y millones para posibilitar su saneamiento (los cuáles recaen sobre las espaldas de la población por ser el FROB el que responde, lo que acaba traduciéndose en nuevos brutales recortes en el Estado del Bienestar, principalmente en Sanidad y Educación). Escandalosamente los máximos representantes de esas entidades en su mayor parte se están marchando con suculentas y millonarias indemnizaciones e incluso alguno de ellos todavía tiene el cinismo de iniciar procesos judiciales destinados a reclamar aún más dinero a las entidades que han esquilmado y robado durante su «gestión».

Mientras tanto, empleados o trabajadores de esas entidades ven perder o peligrar su puesto de trabajo, pero lo más grave son las consecuencias para muchos clientes de esas entidades que ven como la mayor parte de sus ahorros han sido dilapidados en productos que no habían contratado o que si lo habían hecho había sido bajo coacción y engaño (por ejemplo las Preferentes).

En el peor de los casos se encuentra el moroso (en adelante víctima), persona que por diversas, variadas o complejas situaciones se ha visto abocada a no poder hacer frente a las cuotas del o los préstamos que contrajo con aquella entidad que no tuvo ningún reparo en concedérselos. Su calvario comienza desde el mismo momento en el que deja de pagar las cuotas. A partir de ese instante son una constante las llamadas por parte de su sucursal demandándole el pago lo antes posible e informándole de que por no haber pagado a tiempo debe hacer frente también a unos intereses de demora. A continuación esas entidades bancarias le pasan el caso a compañías que trabajan para ellas, especializadas en martirizar y humillar a estas víctimas con el fin de que paguen aunque les vaya la vida en ello. Las técnicas empleadas podrían ser consideradas como terroristas por aquellos políticos o medios de información que han tendido a establecer paralelismos entre los escraches contra políticos y los grupos terroristas o filo terroristas . Estas técnicas consisten en llamar a sus víctimas a horas intempestivas del día o la noche para alterarle e infundirle temor, amenazarlo sistemáticamente vía telefónica, vía mail o por carta, incluirle en los bancos de datos de morosos para evitar que pueda realizar gestiones habituales como tener un móvil a su nombre o alquilar un piso, localizar a familiares de sus víctima y llamarles para informarles de la situación de su familiar, presentarse en casa de su víctima y montar un escándalo para que sus vecinos sepan que no paga, intentar en los casos más extremos coaccionar a su víctima para que les deje entrar en su casa y llevarse cualquier cosa que puedan considerar de valor. Mientras de esta forma están torturando a su víctima, los servicios jurídicos de las entidades ya han puesto en marcha el proceso judicial que les acabe permitiendo quitar todas las propiedades que tenga esa víctima y sacarlas a subasta por un precio muy inferior al que fueron tasadas por aquellas agencias tasadoras que trabajan para esas mismas entidades. De esta forma, si aun habiéndolo perdido todo no se satisfacen las demandas dinerarias de la entidad (lo que suele ser muy habitual), las víctimas aún le siguen debiendo dinero y es por ello que, en la mayoría de los casos, quedan marcadas de por vida con unas deudas que conllevarán el embargo de sus nóminas, de los bienes que todavía posean o de los futuros bienes que pudieran adquirir. Pero la cosa no queda ahí pues las costas de esos procesos, (convenientemente incrementadas por el ministro de justicia Gallardón para servir y proteger al ciudadano de a pie), así como las cargas que pudieran llevar asociados los bienes que le son arrebatados a las víctimas, suelen seguir quedando para ellas.

Añadamos a la ecuación el caso de familiares o amigos que hayan avalado a las víctimas. Como consecuencia de esta situación, ahora ellos también se convierten en las nuevas víctimas de las entidades bancarias, pasando a sufrir en sus carnes idéntico calvario. Del desgaste y fractura familiar que esto puede llegar a provocar, así como de las miserias humanas que hace aflorar ni hablamos.

Pero, ahondemos un poco más. Si a la subasta de los bienes de la víctima no concurre postor alguno, la entidad bancaria dispone de un plazo de 20 días hábiles para adjudicarse los bienes embargados por el 70% ó 50% (dependiendo de si es o no vivienda habitual) del valor por el que lo sacó a subasta (recordar que ya de por sí es un valor muy inferior al del precio por el que la entidad tasó en origen el bien a subastar). De esta forma se aseguran no perder y seguir chupándole hasta la esencia a su víctima.

Teniendo en cuenta esta breve información corroboramos que:

A.- La banca no sólo no pierde nunca sino que se lucra inmoral e inhumanamente a costa de sus víctimas.

B.- La ley está diseñada para favorecer a las entidades en la mayor parte de las situaciones.

C.- La situación de indefensión a la que se conduce a las víctimas es tal que muchas veces se consigue anular su capacidad de reacción, al haberla hecho sentir culpable de todo lo acaecido y al condenarla al pago de unas cuantías extras en concepto de tasas a las que no puede hacer frente, por lo que en muchos casos ni se opone al proceso para minimizar los gastos.

D.- El moroso –la víctima- se convierte en un proscrito de la sociedad, un despojo humano, un muerto en vida al que ya no se le respetan derechos fundamentales como persona. Queda anulado y marcado hasta el fin de sus días, lo que le obliga a depender en muchos casos de terceras personas para sobrevivir o para simples gestiones en su vida diaria.

E.- Las entidades bancarias siguen disfrutando de barra libre para continuar imponiendo cláusulas abusivas e intereses ilegales a sus clientes, con los que suelen cubrir los gastos derivados de las ayudas recibidas para su saneamiento.

F.- Las medidas adoptadas por el gobierno siguen siendo insuficientes para las víctimas, pues básicamente han ido encaminadas a propiciar que estas puedan pasar algo más de tiempo -si cumplen una serie de requisitos- en los inmuebles embargados que tienen la consideración de vivienda habitual, pero eso sí ateniéndose a que durante este tiempo los intereses de la deuda contraída siguen corriendo para el deudor. En ningún momento se ha impuesto la dación en pago a pesar del dictamen del Tribunal de justicia Europeo, ni la exoneración del pago de las tasas judiciales o de los intereses de la deuda -en muchos casos abusivos- para las víctimas. Por supuesto tampoco se ha propiciado el cargo de esos costes a las entidades bancarias, principales responsables de la crisis actual.

G.- Se sigue sin obligar a dichas entidades a asumir la responsabilidad que les compete en el asunto, y en el momento que la presión social demanda dicha obligación se impone el peso de aquellas minorías que salen en defensa de dichas entidades cacareando el caos y los problemas que conllevaría para el sistema económico el que los bancos no pudieran conseguir que sus víctimas les pagaran lo que ellos les demandan (hasta el tuétano si es posible).

 En medio de este sin sentido hay que soportar las cuñas publicitarias, financiadas con dinero público, en las que se pretende convencer a los ciudadanos de que el rescate a los bancos ha sido algo necesario e indispensable para poder capitalizarlos y que así den créditos a la población, algo que como todos sabemos y comprobamos en la práctica no ocurre. Al mismo tiempo los insultos a la inteligencia de la población son continuos y constantes, como demuestran los continuos ataques y campañas de desprestigio contra la PAH (a pesar de haber recibido el Premio Ciudadano Europeo 2013), o las recientes informaciones en las que desde un sector de la política y de la prensa se pretende presentar al expresidente del Senado, Pío García Escudero, como un corderito afable que nunca ha roto un plato y que, siempre según portavoces y voceros del PP como Carlos Floriano, aún habiendo cometido «por desconocimiento» una ilegalidad al no declarar un préstamo ya ha cumplido con sus obligaciones fiscales incluso con demasía.

Lo que se obvia en estos despreciables argumentos es esa realidad que tanto se le repite a las víctimas del sistema bancario en los juzgados «El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento», así como también nos lleva una vez más a cuestionarnos la profesionalidad y vocación de unos políticos que dicen no tener constancia de cuestiones que por obligación y vergüenza deben saber. Pero es igual, no pasa nada, esto quedará como una simple anécdota y se olvidará…

Y así es como llegamos a la conclusión de que a pesar de todo el mal causado por las entidades bancarias y sus secuaces, el sistema sigue estando en sus manos y lo utilizan para sanearse y continuar lucrándose a costa del ciudadano de a pie, que es el que directa o indirectamente carga con todos los desmanes y errores cometidos por aquellas. Acaban eludiendo cualquier tipo de responsabilidad, no se les castiga como es debido, determinan quién puede seguir siendo persona y quién no, pero ellos no son señalados ni incluidos en sistemas que les imposibiliten seguir ejerciendo sus tropelías, abusos y robos. No devuelven nada, toman todo lo que quieren e incluso más. Practican un terrorismo financiero que no es objeto de reflexión ni condena alguna por parte de las autoridades políticas. Pero lo importante para ellos es que su tinglado no se venga abajo.